Es la denuncia que
hacen, además de los Obispos filipinos, la Coalición para los Derechos humanos
en esta nación, el Consejo Nacional de Iglesias, el Consejo Mundial de Iglesias
y la Iglesia Metodista unida
Vatican News –
Lisa Zengarini
Sigue deteriorándose
la situación de los Derechos Humanos en Filipinas. Desde la llamada
"guerra contra la droga" que inició en el año 2016 el Presidente
Rodrigo Duterte, y que causó miles de víctimas en un contexto generalizado del
uso ilegal y arbitrario de la fuerza contra simples sospechosos (algunas
fuentes estiman veintisiete mil homicidios extrajudiciales), hasta la fuerte
censura de la libertad de prensa contra los medios de comunicación críticos del
Gobierno, pasando por la controvertida nueva ley antiterrorista – que sólo
espera la firma de Duterte – las violaciones de los Derechos Humanos en el país
son cada vez más.
Se trata de una
situación que desde hace mucho tiempo llama la atención de las organizaciones
no gubernamentales y de la comunidad internacional, pero que también denunció
reiteradamente la Iglesia Católica, y que por esta razón se ha convertido en
objeto de repetidos ataques por parte de Duterte. Además de estas denuncias,
otras Iglesias cristianas han lanzado ahora un fuerte llamamiento al Gobierno
de Manila en la 44ª sesión del Consejo de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, que se inauguró anteayer en Ginebra y que tiene por objeto, entre
otras cosas, la cuestión de estos derechos en el país asiático. Firmaron el
documento la Coalición para los Derechos humanos en Filipinas, el Consejo
Nacional de Iglesias, el Consejo Mundial de Iglesias y la Iglesia Metodista
unida.
Horribles
violaciones perpetradas por el Gobierno filipino
La declaración – tal
como se informa en el sitio Web del Consejo Mundial de Iglesias – acoge con
satisfacción el informe preparado por el Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación en Filipinas y será
examinado durante la sesión para decidir las medidas que deben adoptarse a fin
de hacer frente a esta emergencia. La investigación, que también solicitaron
los Obispos filipinos, confirma que la sangrienta campaña contra el
narcotráfico ha creado un contexto de asesinatos sistemáticos, con total
impunidad para los responsables. Según las Iglesias Cristianas:
“La investigación
describe con precisión las horribles violaciones perpetradas por el Gobierno
filipino, que siguen agravando la situación”
Posiciones críticas
hacia el Gobierno
En la declaración se
deplora asimismo las fuertes censuras e intimidaciones de las que son objeto
los periodistas en Filipinas, sólo porque no están alineados, citando el caso
de Frenchiemae Cumpio, arrestado el pasado mes de febrero, bajo cargos de
fabricación de armas, el cierre en mayo del canal ABS-CBN – la mayor red de
televisión del país – y la reciente condena por difamación digital de Maria
Ressa, directora del sitio “News Rappler”. Las Iglesias Cristianas observan que
“todos tienen posiciones críticas hacia el Gobierno".
En los objetivos del
Ejecutivo – denuncia además la declaración – están también las ONG y las
organizaciones eclesiásticas, además de varios exponentes acusados por la
policía de apoyar o incluso reclutar terroristas. Asimismo algunos líderes
sociales son víctimas de asesinatos extrajudiciales, como ocurrió el 28 de mayo
a Carlito Badion, Secretario General de la Asociación Nacional para los pobres
de las zonas urbanas.
Y a esto – afirma la
declaración – se añade la nueva ley antiterrorista querida por Duterte, contra
la cual también se ha movilizado la Iglesia en Filipinas, dado que atribuye
enormes poderes a la policía y al Ejecutivo en detrimento de la libertad de los
ciudadanos y de la autoridad judicial. Por lo tanto, las Iglesias cristianas
piden que se haga justicia a las víctimas de los asesinatos extrajudiciales,
que las investigaciones establezcan las responsabilidades y que los
responsables sean llevados ante la justicia.
